Magisterio marginado: la CNTE acusa exclusión en el plan de paz para Michoacán

La estrategia de pacificación en el estado ha quedado en entredicho tras las declaraciones de un representante del magisterio, quien advirtió que, sin un enfoque integral, los esfuerzos por reducir la violencia en las escuelas están condenados al fracaso. El dirigente sindical señaló que, aunque las autoridades han insistido en la necesidad de recuperar la tranquilidad en las aulas, los resultados siguen siendo insuficientes, pues no se han implementado medidas concretas para proteger a los docentes, quienes enfrentan riesgos cotidianos en sus centros de trabajo.

De acuerdo con cifras oficiales, la inseguridad en las zonas educativas ha ido en aumento, con reportes de extorsiones, robos e incluso agresiones directas contra el personal escolar. Sin embargo, el representante magisterial denunció que, pese a estas alarmantes estadísticas, la Secretaría de Educación local no ha establecido protocolos claros de seguridad para los maestros. “No basta con emitir comunicados o realizar reuniones esporádicas; necesitamos acciones tangibles, como sistemas de alerta temprana, capacitación en prevención de riesgos y, sobre todo, garantías de que las autoridades actuarán con rapidez ante cualquier amenaza”, afirmó.

El dirigente también cuestionó la falta de coordinación entre las dependencias encargadas de la seguridad pública y las educativas. Mientras los maestros exigen mayor protección, las respuestas institucionales han sido lentas y, en muchos casos, burocráticas. “Nos dicen que están trabajando en ello, pero en las escuelas seguimos sin ver cambios reales. Los docentes no solo deben preocuparse por enseñar, sino también por su integridad física, y eso no puede seguir así”, recalcó.

La problemática se agrava en comunidades rurales y zonas marginadas, donde la presencia del Estado es más débil y los grupos delictivos han ganado terreno. En estos lugares, los maestros no solo enfrentan la violencia externa, sino también la presión de las propias familias, que en ocasiones desconfían de las instituciones. “Hay casos en los que los padres de familia prefieren no denunciar por miedo a represalias, y eso deja a los docentes en una situación de total vulnerabilidad”, explicó el representante.

Ante este panorama, el magisterio ha exigido que la Secretaría de Educación asuma un papel más activo, no solo en la elaboración de protocolos, sino en la supervisión de su cumplimiento. También han solicitado que se fortalezca la colaboración con las fuerzas de seguridad para garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia. “No pedimos privilegios, sino condiciones mínimas para ejercer nuestra labor. Si no se actúa ahora, el daño será irreversible, no solo para los maestros, sino para toda una generación de estudiantes que merecen crecer en un entorno seguro”, concluyó.

La demanda del gremio docente refleja una crisis más profunda: la erosión de la confianza en las instituciones. Mientras las autoridades insisten en que la pacificación avanza, en las aulas persiste la incertidumbre. Sin un cambio de rumbo, advierten, el sistema educativo seguirá pagando las consecuencias de una violencia que, lejos de disminuir, parece enquistarse en el día a día de las comunidades.